La extradición de 14 jefes paramilitares de Colombia a EE.UU. efectuada el día de ayer limita el esclarecimiento de graves crímenes cometidos durante el conflicto armado en Colombia, afirmó hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Según la CIDH esta extradición afecta la obligación del Estado colombiano de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación de los crímenes cometidos por los grupos paramilitares. Además, impide la investigación y el juzgamiento de graves crímenes en el marco de la la Ley de Justicia y Paz, e interfiere con los esfuerzos por determinar los vínculos entre agentes del Estado y estos líderes paramilitares

El siguiente es el comunicado expedido hoy por la CIDH en Washington:

Washington, D.C., 14 de mayo de 2008 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la extradición de líderes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que limita seriamente el esclarecimiento de graves crímenes perpetrados durante el conflicto armado en Colombia.

El martes 13 de mayo, el Estado informó sobre la extradición a los Estados Unidos de 14 líderes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso, “Jorge 40” y “Don Berna” para ser juzgados por delitos de narcotráfico. Las personas extraditadas se habían acogido a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, destinada al juzgamiento de los crímenes cometidos contra la población civil por miembros de grupos armados al margen de la ley en Colombia.

La Comisión observa que esta extradición afecta la obligación del Estado colombiano de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación de los crímenes cometidos por los grupos paramilitares. La extradición impide la investigación y el juzgamiento de graves crímenes por las vías establecidas por la Ley de Justicia y Paz en Colombia y por los procedimientos criminales ordinarios de la justicia colombiana. También cierra las posibilidades de participación directa de las víctimas en la búsqueda de la verdad sobre los crímenes cometidos durante el conflicto y limita el acceso a la reparación del daño causado. Asimismo, este acto interfiere con los esfuerzos por determinar los vínculos entre agentes del Estado y estos líderes paramilitares.

La CIDH ha dado estrecho seguimiento al proceso de desmovilización en Colombia desde su inicio, con base a un mandato del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a sus competencias conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este marco, ha expresado en numerosas oportunidades la importancia de que el Estado garantice el derecho de las víctimas del conflicto armado a la verdad, la justicia y la reparación.