Si algo ha quedado claro de la nueva política migratoria del gobierno italiano y de la reunión del ministro de política comunitaria italiano con el gobierno español el día de ayer, es que los asuntos migratorios y el tratamiento a los migrantes ilegales sigue siendo un asunto que genera fuertes discrepancias entre los países comunitarios.

El pasado 21 de mayo Silvio Berlusconi informó que presentará una ley ante el Parlamento italiano que criminaliza la inmigración ilegal en Italia, al someter a penas de hasta cuatro años de cárcel a aquellas personas que ingresen o permanezcan ilegalmente en sus territorio. Se trata de una propuesta que ha sido calificada como excesiva y que ha generado una gran polémica internacional. Se da por descontado que la propuesta será aprobada por el Parlamento, donde Berlusconi cuenta con mayorías. La nueva ley entraría en vigor dentro de dos mees.

Ayer durante la reunión entre el Ministro Andrea Ronchi y las autoridades del Gobierno español en Madrid, quedó claro que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se distancia de una política de criminalización de la migración ilegal.

El Secretario de Estado, Diego López Garrido, en repetidas oportunidades reiteró ante el funcionario italiano el reconocimiento de la soberanía del gobierno italiano para expedir dicha legislación, pero al mismo tiempo le hizo saber la preocupación española por las dificultades que ella conlleva para la definición de una política común europea en la materia.

La preocupación española se fundamenta, además, en el activo intercambio fronterizo que tienen ambos países y en los riesgos de que la medida genere una oleada de migrantes ilegales de Italia hacia España. Tal temor al parecer sería infundado en la medida en que la nueva ley italiana no tendría un carácter retroactivo.

Garrido, de todos modos, afirmó que la ley puede afectar a los “países del entorno”: .

¿De qué forma? “Al estar en el mismo espacio”, respondió Garrido, recordando que entre España e Italia no hay fronteras, ya que ambas forman parte del acuerdo de Schengen, “convertir la inmigración ilegal en delito puede derivar flujos migratorios de forma desproporcionada hacia otros países”. Ronchi ofreció garantías de que, al menos, esta medida no se aplicará con carácter retroactivo; es decir, no se tratará como delincuentes al millón de inmigrantes ilegales que se estima viven ya en Italia.

El ministro italiano justificó las medidas represivas apelando a la “grave emergencia de seguridad que sufre Italia y que Europa debe entender”, aunque admitió que en realidad responden a una vieja aspiración del partido en el que milita, la posfascista Alianza Nacional, y no sólo en sentido cronológico.

Ronchi condenó los ataques contra campamentos de gitanos rumanos en Italia, que se mostró partidario de reprimir con dureza, pero lo atribuyó a una “reacción social” ante el intento de secuestro de un bebé de seis meses por parte de una gitana.

Aunque calificó el racismo de “estupidez del alma”, mezcló continuamente inmigración y delincuencia y evidenció que las nuevas medidas no responden sólo a un problema de inseguridad ciudadana, sino a un planteamiento ideológico cuando dijo que Italia “ha cambiado de registro político y cultural”.

“Quien no respete nuestra cultura, nuestra religión, nuestra identidad y nuestras reglas de convivencia no puede estar en Italia”, señaló. A su juicio, “una Italia más tranquila y serena, que cuente con una homogeneidad cultural como base de su acción política, será más fuerte, más creíble y más convincente”.

Como puede verse, además hay elementos abiertamente racistas en la posición del ministro italiano, tal como lo reseña El País.

Recordemos también que en este preciso momento la Unión Europea se prepara para emitir un conjunto de normas con respecto a la inmigración ilegal, que contempla la detención hasta por 18 meses, la repatriación incluso para menores no acompañados y la posibilidad de regresar a Europa después de 5 años. Aún no existe un acuerdo definitivo sobre las normas, pero evidentemente Italia ha dejado clara su posición con la expedición de su normativa interna