Los gobiernos del mundo tienen el doble desafío de pedir disculpas por seis décadas de fracaso en derechos humanos y de renovar su compromiso para obrar mejoras concretas, es el principal mensaje del informe anual de Amnistía Internacional “Informe 2008: El estado de los derechos humanos en el mundo” publicado ayer por la organización defensora de los derechos humanos.

Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, declaró que “La injusticia, la desigualdad y la impunidad son hoy las marcas distintivas de nuestro mundo. Los gobiernos tienen que actuar ya para acabar con el abismo que separa lo que se dice de lo que se hace.”

A continuación reseñamos las principales conclusiones del informe con respecto a Estados Unidos, Colombia y la violencia contra las mujeres, tres situaciones que pueden ser emblemáticas de la situación de los derechos humanos en las Américas

Estados Unidos

Con respecto a Estados Unidos el informe hace un fuerte pronunciamiento sobre las condiciones irregulares de detención de centenares de personas en cárceles de Afganistán y en el centro de detención de Guantánamo, Cuba, en el sexto aniversario de la declarada “guerra contra el terror”. El informe dice:

Seis años después del comienzo de la denominada «guerra contra el terror», Estados Unidos seguía manteniendo recluidas bajo custodia militar indefinida a centenares de personas sin cargos ni juicio en Afganistán y Guantánamo, y a varios miles más en Irak.

En julio, el presidente George W. Bush dio luz verde a la continuación del programa de detenciones e interrogatorios secretos puesto en marcha por la CIA. El hecho de que el presidente volviera a dar su visto bueno a este programa –una más de la larga lista de acciones políticas ilegales llevadas a cabo por el gobierno estadounidense en el marco de la «guerra contra el terror»– supuso un claro rechazo de los principios en los que se basa la Declaración Universal de Derechos Humanos. De hecho, el presidente Bush dictó su orden ejecutiva un año después de que dos órganos de la ONU encargados de la vigilancia de los tratados indicaran al gobierno estadounidense de manera inequívoca que las detenciones secretas constituían una violación de las obligaciones internacionales contraídas por Estados Unidos.

Colombia

El informe señala a la población como la principal víctima del conflicto armado interno en Colombia. Como comentario, vale la pena recordar que el gobierno de Colombia ni siquiera reconoce la existencia del mencionado conflicto en su territorio.

La población civil continuó siendo la principal víctima del largo conflicto armado interno de Colombia. Aunque siguió disminuyendo el número de personas muertas o secuestradas, todas las partes implicadas en él –las fuerzas de seguridad, los paramilitares y los grupos guerrilleros– continuaron cometiendo graves abusos contra los derechos humanos. Los enfrentamientos entre las partes en conflicto volvieron a acarrear el desplazamiento de miles de personas.

Violencia contra las mujeres

El informe de Amnistía Internacional reconoce que se han producido avances en América Latina para erradicar la violencia contra las mujeres, pero que continúa siendo un obstáculo la falta de recursos y las concepciones erróneas sobre la naturaleza del problema.

En Latinoamérica se siguieron adoptando medidas importantes e innovadoras para erradicar la violencia contra las mujeres y hacer realidad la igualdad de género. En México y Venezuela, por ejemplo, se aprobaron nuevas leyes para combatir dicha violencia. En ellas se ampliaba la definición del concepto de violencia contra las mujeres y se preveía un abanico más amplio de mecanismos de protección. La falta de recursos adecuados y la persistencia de ideas falsas sobre la naturaleza y la magnitud del problema continuaron entorpeciendo el desarrollo de iniciativas para solucionarlo, como las novedosas comisarías para mujeres implantadas en Brasil. En Estados Unidos, tras una campaña conjunta realizada por una amplia alianza de grupos, el Congreso recomendó un aumento de los fondos destinados a la aplicación de la Ley sobre la Violencia contra las Mujeres, norma federal en la que se preveía una serie de medidas a escala estatal y local.