Los ministros de Interior de la Unión Europea (UE) aprobaron por unanimidad la directiva de retorno, que permitirá la expulsión de inmigrantes ilegales del territorio comunitario. Para que la nueva reglamentación entre en vigor, se requiere su aprobación por parte del Parlamento Europeo el próximo 18 de junio.

Según la nueva legislación, los inmigrantes en situación irregular que vayan a ser expulsados tendrán derecho a abandonar el país de forma voluntaria durante un periodo de entre 7 y 30 días. De no hacerlo, los gobiernos podrán confinarlos en centros de retención durante un periodo de seis meses, ampliables a 18 en el caso de aquellos que no cooperen. Si una persona es expulsada no podrá volver a entrar en territorio comunitario durante cinco años, limitación que no se aplicará a quienes abandonen voluntariamente la UE.

La directiva es un endurecimiento de la legislación vigente en algunos países, como España.

Algunos puntos de la nueva reglamentación ya comienzan a generar debate, a pesar de que los ministros han moderado un tanto el texto de la directiva.

Uno de los puntos polémicos es el derecho a la asistencia jurídica gratuita de los detenidos en determinadas condiciones, a la que se oponían países como Alemania o Austria.

¿Qué dice España?

Mientras tanto, en un entrevista concedida al Financial Times y publicada ayer, el Presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dicho que Europa “siempre debe respetar los derechos humanos” y ser eficaz en la lucha contra la inmigración ilegal.

A juicio de Rodríguez, el problema migratorio tiene que resolverse en los países de origen. “Si los Gobiernos africanos ven el esfuerzo de Europa por ayudar en el desarrollo de la región, cooperarán tomando medidas contra la emigración y el tráfico de personas”, dice.

Rodríguez Zapatero reconoce que España ha crecido gracias a la incorporación de inmigrantes y señala que “la mejor forma de aliviar las presiones migratorias es ayudando a crear puestos de trabajo en los países de origen”.

Aún con un discurso que aboga por el respeto a los derechos humanos, el gobierno español se ha plegado al plan de Francia e Italia de llevar a la Unión Europea hacia posiciones más duras frente la inmigración, y que no se condice ni con las condiciones sociales de los países pobres y en vías de desarrollo, ni con los antecedentes históricos de muchos países europeos que lograron crecer y salir de la crisis generada por la Segunda Guerra Mundial, gracias, en buena parte, a la migración y el trabajo que sus ciudadanos consiguieron en países más desarrollados de Europa y fuera de ella.

Comentario:

Se aproximan tiempos más difíciles para los migrantes económicos y sus familias en los países desarrollados, por cuenta de la cada vez mayor restricción tanto en Europa como en Estados Unidos en contra de los “sin papeles” o “irregulares”, como son llamadas estas personas habitualmente en los medios de comunicación europea.

En tiempos de globalización, esto puede verse más como un retroceso que como un avance.

Sin duda, existe un choque de intereses entre  las necesidades de soberanía, seguridad interior y nacionalismo en los países del centro, y las necesidades de empleos mejor remunerados, oportunidades laborales y flujos de capital en los países periféricos.

El discurso del “libre” flujo de mercancías a nivel global y el neoliberalismo económico, no ha encontrado un correlato en términos de flujo de migrantes y trabajadores.

En realidad la histórica prosperidad económica del centro pareciera que requiere el mantenimiento del “orden” social en el mundo subdesarrollado  para su propia subsistencia, mientras que la mayoría en la UE y EE.UU sigue creyendo que una cosa es independiente de la otra.

Suena fuerte? No debería, si aceptamos íntegramente el concepto de interdependencia que tanto se escucha en los foros multilaterales.

Basta leer los argumentos chovinistas y xenófobos expresados por el representante del gobierno italiano (la Italia de Silvio Berlusconi) durante su visita de hace dos semanas a Madrid, para entender la lógica que se oculta tras este tipo de medidas.

Es una vergüenza que un gobierno que se dice socialista, como el español, se pliegue silenciosamente a este tipo de medidas promovidas por la derecha italiana y francesa, en contra de trabajadores del Norte de África y América del Sur.

Vía | Palacio de La Moncloa