La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos criticó hoy la decisión recién adoptada por el Parlamento Europeo que permitirá detener a los inmigrantes ilegales hasta un año y medio antes de deportarlos, y autorizará la expulsión de quienes sobrepasen los permisos de estadía.

Louise Arbour urgió a los parlamentarios y a la opinión pública europeos a entender la necesidad de protección de las garantías fundamentales de las personas en situación de irregularidad en la arena migratoria.

Afirmó que hace falta considerar estos casos en el marco económico en que se producen y destacó la falta de entendimiento de las razones que difieren de las violaciones de los derechos civiles y políticos, y que también obligan a la gente a desplazarse.

La Alta Comisionada señaló que las sociedades están bien preparadas para acoger a las personas que se desplazan por el atropello de sus garantías civiles y políticas, lo que demuestra una falta de equilibrio en la percepción de los derechos humanos.

“La gente que se desplaza sin ser perseguida por su gobierno por razones políticas, sino porque tiene hambre o huye de una epidemia, es decir, la que está en peligro en los terrenos económico y social, nos interesa mucho menos”, sostuvo.

En este sentido, consideró que el mundo occidental ha fraccionado la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en dos grupos: los civiles y políticos, y los económicos y sociales.

Al cumplirse 60 años de esta Declaración, continuó Arbour, es necesario reagrupar estos derechos y darles la misma protección a quienes huyen por persecuciones políticas o religiosas y a quienes tratan de escapar de una pobreza extrema, del hambre o de las enfermedades.