Por: Gustavo Rojas Reyes

Esta es una semana crucial para el conflicto entre el gobierno y los productores agrícolas (ruralistas) alrededor del proyecto que establece el régimen de retenciones móviles. El martes se realizarán dos manifestaciones en Buenos Aires, una a favor del proyecto convocada por el justicialismo y otra en contra promovida por los directivos gremiales. El miércoles se votará el proyecto en el Senado.

Trámite parlamentario

El pasado 5 de julio el justicialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto que establece el régimen de retenciones móviles (la resolución 125).

El sistema de retenciones es un mecanismo ideado por el gobierno de Cristina Fernández, que pretende gravar con un impuesto a los grandes exportadores de cereales, principalmente soja, aprovechando una coyuntura de altos precios internacionales de estos productos.

En la plenaria de la Cámara de Diputados el proyecto recibió 129 votos a favor y 122 en contra, después de más de 19 horas de debate. El kirchnerismo celebró la aprobación con una lluvia de papelitos, cual partido de fútbol en El Monumental.

Ese mismo día, un grupo de senadores de la oposición anunció que trabajaría en un proyecto alternativo.

Los opositores del proyecto ven una amenaza, específicamente, en el artículo segundo del proyecto, pues consideran que le daría una amplia potestad al ejecutivo de crear gravámenes. Además, creen que transfiere al gobierno facultades impropias e inconstitucionales.

El oficialismo ha llevado a cabo una intensa campaña para convencer a los indecisos respecto del proyecto. Ya se sabe que varios senadores vacilantes que deberán votar el proyecto el miércoles 16 ya se han adherido al bloque oficialista. Sin embargo, aún hay un grupo de unos siete senadores, la mayoría oficialistas, que no se ha decidido explícitamente a apoyarlo.

El conflicto sigue en las calles

Por otro lado, se libra una batalla entre el oficialismo y el campo por lograr la mayor cantidad posible de manifestantes durante las concentraciones convocadas para el martes 15, en víspera de la votación en el Senado, en las calles de Buenos Aires.

El ex presidente Néstor Kirchner, en apoyo a la presidenta Cristina Fernández, su esposa, convocó una manifestación paralela a la marcha de las entidades del campo, forzando a estos últimos a cambiar en el último momento la hora de la manifestación para evitar un enfrentamiento con los oficialistas.

Faltando pocos días para la votación en el Senado, el oficialismo se posiciona con ventajas frente a la votación, teniendo el respaldo garantizado de 35 miembros. Sin embargo, algunos analistas argentinos consideran que el panorama político nacional se transforma rápidamente y que es muy difícil asegurar el resultado del debate del próximo miércoles, que decidirá el futuro del proyecto.

Por lo pronto el kirchnerismo apuesta por la ratificación, tal como está, del texto aprobado por la Cámara de Diputados, ya que de requerir modificaciones la iniciativa volvería a la Cámara y quedaría condicionada, para su sanción, a reunir una mayoría calificada que al oficialismo le costaría mucho trabajo conseguir.

Actualización (julio  17)

La presidenta Cristina Fernández enfrenta hoy una profunda crisis interna luego de que el vicepresidente de la república, Julio Cobos,  sepultara con su decisivo voto el proyecto de ley sobre las retenciones móviles que desde hace cuatro meses ha enfrentado al gobierno con el sector agropecuario. Muchos creen hoy que tras solo siete meses de gobierno, la mandataria se quedó sin mayorías efectivas en el Congreso.

Tras un amplio debate y una jornada de 18 horas en el Senado, la votación por el proyecto terminó empatada en 36 votos. El vicepresidente, quien también es miembro del Senado,  terminó siendo la persona responsable de inclinar la balanza a favor o en contra del proyecto del gobierno.

Cobos, con voz entrecortada expresó su decisión en los siguientes términos:  “Voto en contra. Que la historia me juzgue”.  Eran las 4:25 a.m.

La decisión de Cobos, quien a todas luces es miembro del gobierno, constituye un duro golpe para la presidenta Fernández sobre un tema donde el gobierno había hecho una apuesta muy alta.  Alrededor de esta votación se encontraba en juego el propio prestigio de Fernández, su capacidad política, la capacidad de sus mayorías en el Congreso, y una política pública que se encuentra en el corazón de su propuesta de gobierno.

Cristina Fernández ha recibido un duro golpe.