El Gobierno ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, con la que Esperanza Aguirre esperaba desplazar de su puesto al presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, y sustituirlo por alguien más afín a sus intereses. En plena crisis económica y financiera, la presidenta madrileña ha vuelto a dar con la norma ahora recurrida una muestra de sus prioridades políticas: la utilización de su posición al frente del Ejecutivo autónomo para acaparar cuantos resortes de poder pueda con el triple objetivo de, por este orden, reforzar su posición dentro del PP, hacer oposición institucional al Gobierno central y dificultar la alternancia en la Comunidad.

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