Es difícil exagerar la importancia de los 25 años de cárcel impuestos por los tribunales peruanos al ex presidente Alberto Fujimori. Se trata de la primera vez que un ex jefe del Estado elegido democráticamente es condenado por la justicia de su país por delitos cometidos durante su mandato. Y, por tanto, de un serio aviso para los autoritarismos de diverso signo todavía vigentes en Latinoamérica. La sentencia anunciada esta semana se refiere a dos matanzas, 25 personas en total, perpetradas por un escuadrón paramilitar en 1991 y 1992, cuya existencia había autorizado Fujimori, y a dos secuestros. El tribunal ha considerado unánimemente a Fujimori -en prisión desde que fuera extraditado por Chile, en 2007, cumpliendo seis años por abuso de poder- el autor indirecto de estos asesinatos.

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