Desde hace más de dos semanas, la automotriz estadunidense Chrysler mantiene suspendidas las operaciones en sus cinco plantas en México, a la espera de que se concrete la venta de la mayoría de los activos de esa compañía a un consorcio articulado en torno a la italiana Fiat, en el que participarían también organizaciones sindicales y los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. Ayer, el juez federal encargado del caso, tras una maratónica sesión de 11 horas, decidió postergar hasta el lunes el fallo en torno a la operación. En tanto ésta se consuma, el daño está hecho y es evidente: en Toluca, la suspensión de labores en la planta de Chrysler ha afectado a unos mil empleados, mientras en Coahuila el número de trabajadores en paro obligatorio por la misma causa asciende a cinco mil. En esta segunda entidad, los cierres de las plantas de Chrysler se han conjugado con los de las fábricas de automotores de la también estadunidense General Motors, circunstancia que, en conjunto, afecta a más de 40 mil trabajadores.

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