La declaración de Ortega pone a La Prensa ante la disyuntiva de retractarse o mostrar la evidencia sobre la reunión de Ortega con las FARC. Su credibilidad está en entredicho, así como la del propio Ortega.

Las acusaciones de Colombia contra Ortega se sustentaron en las expresiones de solidaridad que Ortega ha vertido con respecto a las FARC, así como en la publicación del diario nicaragüense. En caso de desvirtuarse esta última información, las declaraciones amistosas de Ortega hacia las FARC aún serían suficiente motivo para perturbar las relaciones entre Nicaragua y Colombia, dado el rechazo absoluto del gobierno de Álvaro Uribe contra cualquier situación que signifique abrir espacios internacionales al grupo armado.

Ortega anunció que cuando esa reunión se produzca, lo hará de manera pública y no clandestinamente:

La denuncia de Colombia contra Daniel Ortega en la OEA parece precipitada y sin suficiente evidencia probatoria, lo cual se explica por la urgencia del gobierno colombiano de cerrar a toda costa cualquier espacio político internacional a las FARC, en momentos en que considera que ese grupo guerrillero se encuentra prácticamente en “fase terminal”.

La diplomacia colombiana le ha cerrado a las FARC la inmensa mayoría de sus espacios internacionales y considera que las últimas declaraciones de Ortega representan una amenaza para la política de “seguridad democrática” de su gobierno.

Ospina acusó a Ortega de violar el derecho internacional y afirmó que Colombia podría pedir sanciones contra Nicaragua por apoyar el terrorismo, pero que no lo hará porque considera que la actitud irresponsable del gobernante no puede ser razón para castigar a un pueblo comprometido con la democracia.

Algunos de los apartes más destacados de la intervención del embajador colombiano ante la OEA, son los siguientes:

La flagrante violación del Derecho Internacional es clara, cuando el gobernante nicaragüense se solidariza con el grupo terrorista de las Farc, cuando protege a sus integrantes y les ofrece diálogo, y cuando promueve sus actividades. Con todo ello viola sistemáticamente las Resoluciones 1269 y 1373 de las Naciones Unidas, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y los artículos 1, 2, 3, 11, 13, 15, 17, 19 y 20 de la Carta de la OEA, entre otros.

Señor Presidente, esto es grave. Colombia tiene derecho a pedir las sanciones que se pueden imponer a quienes patrocinan el terrorismo, pero no lo hará contra Nicaragua, porque entiende que la actitud irresponsable de un gobernante no puede dar lugar al castigo de un pueblo comprometido con la democracia. Suficiente castigo es su Gobierno. Colombia no hará nada que perjudique al Pueblo de Nicaragua, actuará contra el señor Ortega en la oportunidad correcta.

(…) Si efectivamente se comprobara que el señor Ortega se reunió con terroristas buscados internacionalmente y no cumplió con sus obligaciones legales, pedimos a la Justicia de Nicaragua que investigue y sancione dicha conducta, claramente violatoria de los compromisos internacionales”.

“Y pedimos a esta organización que esté atenta sobre el cumplimiento de estas obligaciones por parte del mandatario nicaragüense”

El embajador de Nicaragua ante la OEA, Dennis Moncada, mientras tanto, evitó responder directamente la acusación de Colombia, y se limitó a señalar que el gobierno colombiano ha violado repetidamente el derecho internacional y lo califico como un narcoestado.

La posición de Colombia forma parte de su estrategia de aislamiento político internacional a las FARC. Nicaragua podría argumentar que es soberana para hablar con quien quiera y que ese diálogo no implica una intromisión el los asuntos internos de Colombia. Sin embargo, ese argumento choca con el hecho de que las FARC son consideradas por actores influyentes de la comunidad internacional, como la Unión Europea y los Estados Unidos, como una organización terrorista.

Nicaragua podría dialogar con representantes de las FARC, pero a un alto costo desde el punto de vista diplomático.